EL HUNDIMIENTO DE LA REFORMA A LA JUSTICIA EN COLOMBIA: UN TRIUNFO DE LA INDIGNACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con 73 votos a favor y cero en contra se hundió el acto legislativo de Reforma a la Justicia en la Senado de la República, y en la Cámara se registró una votación en contra de la enmienda constitucional de 117 votos para hundirla y cero en contra.

La sepultura que hoy le dio el congreso de la república de Colombia a la tan esperada reforma a la justicia, se le debe a la ciudadanía, a sus múltiples manifestaciones de indignación y repudio y a los medios de comunicación escritos, hablados y virtuales, quienes reaccionaron y se movilizaron con gran conciencia y coraje.

Cientos de personas se plantaron en la Plaza de Bolívar con el fin de recoger firmas para el referendo revocatorio contra la Reforma a la Justicia con el acompañamiento de múltiples manifestaciones culturales de los grupos estudiantiles y diversos medios de comunicación.

Hoy 28 de junio de 2012, escuché al presidente Juan Manuel Santos decir que “… era el momento de aprender de los errores” y agradeció a todos por salvar la institucionalidad.

Haciendo un poco de historia de este debacle institucional, recordemos que el proyecto de reforma a la justicia fue radicado ante el Congreso de la República el 5 de agosto de 2011 por los ministros de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y Juan Carlos Esguerra, y como resultado ha tenido al Gobierno en la picota pública, a los congresistas que lo votaron en el vilo del destino y a los colombianos ad portas de un referendo revocatorio, luego de múltiples enfrentamientos y las diferencias entre las partes.

El 2 de diciembre fue aprobado en tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara, la totalidad de la reforma a la justicia. Se incluyó el fuero militar, la eliminación de la Comisión de Acusaciones y la permanencia de la silla vacía en casos donde los congresistas pierdan su curul por delitos como tener nexos con grupos armados ilegales.

La Corte Suprema de Justicia, había decidido apartarse de la discusión de la reforma a la Justicia desde el 6 de diciembre de 2011, por considerar que no se estaban teniendo en cuenta sus conceptos, sino que los mismos estaban siendo sólo analizados como un trámite más.

La plenaria de la Cámara aprobó la reforma a la justicia en su cuarto debate el 14 de diciembre y pasó a conciliación con el Senado para dar inicio a su segunda vuelta, allí se determinó que la Corte Constitucional sería el órgano de cierre judicial, y se aprobó un artículo que establece que las Cortes no podrán nominar candidatos a procurador o contralor para que sean elegidos por el Congreso.

El 17 abril de 2012, luego de haber estado marginado de la discusión desde el año pasado, El Consejo de Estado retornó a los debates, pero el 24 de abril determinó retirarse por completo de la discusión de la reforma a la justicia.

Como hecho importante, resaltamos que el acto legislativo de reforma a la justicia fue aprobado en su sexto debate en la plenaria del Senado de la República., y allí se dieron varias modificaciones, tales como las eliminaciones del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones. Asimismo, la ampliación del periodo de los magistrados a 12 años, y facultar a los notarios y abogados para que fallen los llamados procesos menores, esto sucedió el 10 de mayo de 2012

El 20 de junio, las plenarias de Cámara y Senado aprobaron con sendos ‘micos’ la reforma a la justicia. (“Micos” en Colombia, se denomina a las trampas o artimañas que utilizan algunos legisladores para hacer pasar inadvertidas leyes que por lo general van a beneficiar intereses privados o particulares en detrimento de los intereses públicos para cuya defensa fueron elegidos). Las irregularidades en la reforma despertaron el malestar de la ciudadanía y se empezó a hablar de la convocatoria a un referendo revocatorio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en alocución presidencial rechazó la enmienda constitucional y dijo que no la promulgaría, por el contrario, anunció que devolvería al Congreso el acto legislativo de Reforma a la Justicia con una serie de objeciones que para él “son verdaderos micos” y que en “nada favorecen a la justicia y la transparencia”. Constituyendo lo anterior un hecho histórico, pues es la primera vez que un presidente en Colombia objeta por inconstitucional e improcedente, una reforma a la justicia.

En relación con los rumores sobre la supuesta ilegalidad o el prevaricato en que podrían incurrir los congresistas que atiendan el llamado del Gobierno Nacional a dichas sesiones, el presidente manifestó que responde y asume "la responsabilidad política y jurídica por la objeciones presentadas a la reforma de justicia y por las sesiones extraordinarias que he convocado" para este 27 y 28 de junio. Uno de los costos políticos ha sido la dimisión irrevocable del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Según varios medios informativos, se anunció que no obstante el hundimiento de la reforma a la justicia, continuar la recolección de firmas para un referendo pese a hundimiento de la Reforma a la Justicia, por cuanto según afirmó el vocero del comité promotor del referendo derogatorio de la Reforma a la Justicia, Armando Novoa, todavía existe una incertidumbre con respecto a la vía que utilizó el Gobierno para hundir el acto legislativo y exigió que "se asuman las consecuencias de esta crisis por parte del Congreso y del Gobierno Nacional. Esas responsabilidades van a repercutir en acciones judiciales, una de ellas será a causa de que algunos miembros del Congreso votaron a favor de esta reforma y tenían conflicto de intereses. Ellos deben perder su investidura de manera inmediata por que votaron a sabiendas que no lo podían hacer en beneficio propio". Y asimismo dijo que los partidos políticos, han guardado un silencio cómplice referente a la situación y exigió que se cumpla la ley que regula las colectividades.

Novoa anunció que ya existen más de 100 mil firmas y espera que al finalizar el puente festivo, lograrán los apoyos faltantes para poder inscribir al comité promotor ante la Registraduría.